Una vivienda digna...

Hace dos años, un conocido mío estaba de enhorabuena; había sido beneficiario de una promoción de viviendas de protección pública en Móstoles. Se ha casado este año, pero cuando ha ido a adquirir su piso, se ha encontrado la desagradable sorpresa de que le han subido el importe a pagar para acceder a su vivienda. Por supuesto, acudí a la manifestación que se celebró en Móstoles para exigir el precio acordado. No había mucha gente - la plaza no estaba repleta - pero sí mucho, mucho ruido. Pitadas, cacerolas, maracas, y gritos de unos vecinos descontentos.

No tenía más detalles de lo sucedido, tan sólo que les habían prometido unos pisos por un precio y de repente, éste había incrementado en 60.000€ más.

Hicimos lo que pudimos para sobrepasar los decibelios tolerados por el oído humano, aunque he de decir que la manifestación no estaba coordinada con esmero. Las consignas iban cambiando a placer, no había megáfono - era una concentración un tanto casual, como ya digo - y al final cada uno iba un poco por libre.

Escuchamos con atención y empezamos a oir algo así como

" (guarro) da la cara" ,

pero no dábamos crédito a semejante insulto. Después parecía que decían Pablo, y toda la familia y conocidos gritamos con entusiasmo, "Pablo, da la cara". Si hubiéramos sabido más detalles, sabríamos que lo que la gente estaba exigiendo tenía que ver con esta pancarta:

"Parro, da la cara".

¿Cómo iba a dar la cara Pablo, si el alcalde se llama Esteban?

Esos 60.000€ de más que pide la promotora Larcovi-Lazora a los beneficiarios de la promoción de VPP de 126 viviendas en el PAU 4 de Móstoles, ¿de dónde salen?. Supuestamente, estas personas iban a obtener sus futuros pisos en régimen de alquiler, con opción a compra, con las siguientes condiciones:

Metros cuadrados útiles:
54.35 m2 los pisos MÁS GRANDES de dos habitaciones,
40.75 m2 los más pequeños (una sola habitación).

Los precios iban desde 610.73€ los más grandes y caros,
y 515 € los más económicos.

Así que tras siete años de alquiler, quedarían por abonar unos 120.000€ - (119.948.69€) para optar a su compra. Sin embargo, ahora se pide un precio entre 180.512€ // 152.221 € en función al tamaño.

La cuestión es que ahora la constructora obliga a los vecinos a adquirir una plaza de garaje que incrementaría tanto el precio del alquiler como el de la compra y, eso, después de que las condiciones tratadas con el eje Comunidad y Ayuntamiento como las firmadas con los vecinos fueran otras bien diferentes.

Los vecinos del PAU4 de Móstoles indican que cuando se dio el incremento del precio de 120.000 a 180.000 euros se debió en parte a claúsulas referentes al IVA que pasaron por alto muchos de los firmantes. Pero este incremento tan considerable no se debe solamente a impuestos añadidos, sino también a las nuevas condiciones que la constructora parece haber agregado después de la firma del contrato (la compra de la plaza de garaje obligatoria).

Desde el Ayuntamiento y la Comunidad, en una nota de prensa enviada a los medios en la jornada de ayer, consideran que la promotora no está cumpliendo con las bases del contrato ni con las condiciones con las que llegó a un acuerdo tanto con los adjudicatarios como con el Consorcio MóstolesSur (donde se agrupan los dos órganos de Gobierno municipal y regional) y que, por ello, " La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles quieren dejar claro a los adjudicatarios de las viviendas que no se permitirá a ninguna promotora la vulneración del pliego de condiciones por el que se adjudicó suelo público para la construcción de viviendas en alquiler con opción a compra". El pasado 21 de Septiembre representantes de ambas asociaciones se reunieron con la constructora y así se lo expusieron, se deberían de cumplir las condiciones de contrato por las que se firmaron.

¿Y entonces, cual es el problema? Pues que los vecinos no sólo quieren que no se les haga adquirir esa segunda plaza de garaje que pretende la constructora, sino que, además, quieren que sus pisos sigan valiendo 120.000 euros como se estipuló. Como las viviendas se daban en régimen de alquiler, no hay precontrato en el que conste el importe final.

Según la constructora, el exceso de esos 60.000 € corresponde a intereses e impuestos que, en teoría, figuraban en el mismo contrato pero que ningún beneficiario percibió. Si es así, tanto el gobierno local como el regional lo único que pueden hacer es que los contratantes no tengan que asumir una carga (la segunda plaza de garaje) que no figuraba en ninguna condición ni contrato, pero no podrán impedir que los pisos cuesten más de 120.000 euros.

Así las cosas, parece que nadie se ha fijado mucho en que todas estas personas terminarán pagando 180.000€ ( 30 millones de las obsoletas pesetas) por 54m2 útiles, y que hay otra parte que le toca a abonar a la Comunidad, que consigue ese dinero a través de los impuestos a todos los currantes que han logrado conservar su empleo.

Y luego tienen el desparpajo de decir
que ya no existe burbuja inmobiliaria.